LIQUIDACION HOSPITAL SAN JOSE

Alegando y esgrimiendo la “quiebra” e iliquidez del primer centro de salud del suroccidente del departamento de Nariño como lo fue el Hospital San José de Túquerres, la Alcaldesa, con el apoyo del Gobernador y la tácita aceptación del gobierno nacional, entro a liquidar este importante centro de salud, dejando sin empleo a varios médicos, paramédicos, enfermeras y trabajadores. La decisión de la Alcaldesa de Túquerres puede conducir a que en medio del proceso de liquidación, sean los intermediarios financieros de la salud o los grandes monopolios extranjeros dueños de las EPS, quienes adquieran a menos precio este valioso patrimonio de la ciudad y los nariñenses. De esa manera, el gran capital privado saldría altamente beneficiado y continuaría el proceso de privatización de los servicios de salud que el Fondo Monetario Internacional le impuso a la nación, a través de las políticas neoliberales aprobadas en la Ley 100 de 1993, de la cual fue ponente el presidente Uribe Vélez.

La verdadera obligación del gobierno municipal con ayuda de Representantes y Senadores de nuestro departamento y amigos del actual régimen, debió ser siempre e indispensable exigir al gobierno de Uribe Vélez, los recursos necesarios y suficientes, que, por varios miles de millones de pesos, permitan cubrir las deudas y salvar el hospital de la “quiebra” de la que hablan y no lo que se hizo, es decir, pensar siempre que la única y mejor opción fuese la liquidación; la pregunta es: ¿por que no se pensó en otra alternativa?. Con esto que ha sucedido lo que creemos que se avecina en algunos años y ojala para el bien de la salud de los tuquerreños y nariñenses no suceda, es que la administración municipal, para atender los compromisos derivados de la “quiebra del Hospital”, terminaría vendiéndolo a menos precio a los agentes privados. Para nadie es un secreto el interés de las EPS de quedarse con infraestructuras físicas hospitalarias que posee la red pública de salud en el país.

El manejo y la dirección de la ESE en liquidación, que cubría los servicios de salud del suroccidente del departamento de Nariño, hoy le son entregados a Caprecom en forma por demás transitoria hasta que se culmine la liquidación y venta de activos.

Para nosotros, se trata de otro golpe bajo del Gobierno nacional y municipal, quien imponiendo el modelo neoliberal, emplea la fuerza pública y operativos militares para cerrar las instituciones públicas de salud del país, patrimonio público de todos los colombianos, argumentando falencias administrativas, financieras y asistenciales, cuando es él mismo modelo de gobierno el que ha llevado a estos problemas en detrimento de la red pública hospitalaria. Esta medida gubernamental causa descontento e inconformidad, entre los trabajadores de planta de la ESE que, próximamente, entrarán a engrosar las filas de desempleados del país, es por eso que hacemos un llamado a la comunidad de nuestro municipio y del suroccidente de Nariño, a pronunciarse en contra de las medidas gubernamentales que deterioran las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y los intereses de los usuarios de estos servicios.

Todo empieza con la introducción de la reforma a la salud en 1993, con la Ley 100, Lo anterior era solamente la primera etapa, la profundización del modelo de mercado vendría con lo que el FMI, el BID, el BM y el gobierno denominan “reformas de segunda generación”, lo que consiste no solamente en la privatización de los recursos y sus fuentes, sino que avanza hacia la eliminación total de lo público, incluida la red pública de prestadores de servicios, para tal fin utilizan las siguientes estrategias:

- Marchitar las entidades públicas, quitándoles sus fuentes de recursos, sometiéndolas a una onerosa intermediación financiera por parte de los aseguradores.

- Escindir las entidades públicas para que no estén en capacidad de competir
con las empresas privadas, ejemplo al comparar a EPS con el ex ISS, la primera se convierte en una de las empresas más rentables de país, vía intermediar servicios integrados verticalmente, para lo cual construye una amplia red de clínicas y centros de salud, compra otras EPS. Mientras que al ex ISS le separan sus clínicas y centros de atención, convirtiéndolos en Empresas Sociales del estado para liquidarlas. En este sentido surgen dos preguntas. ¿Será que las reglas financieras que funcionan a las mil maravillas para los particulares, no funcionan para lo público? ¿O será que a lo público se le aplican otras reglas con el claro propósito de liquidarlo?

- Utilizar los recursos públicos de la salud y la seguridad social con fines diferentes a su objeto, como le ha sucedido históricamente al ISS, cuyas reservas han sido utilizadas para cubrir crisis fiscales, salvaguardar problemas del sector financiero, tal y como sucedió con el Banco Central Hipotecario y su “fusión” con GRANAHORRAR, en la cual se perdieron alrededor de 3 billones de pesos. Igual sucede con el FOSYGA, al cual el gobierno nacional le ha sacado más de 2.8 billones de pesos, hoy convertidos en TES y CDTS; o con el Fondo del Pasivo Prestacional de Sector Salud, cuyo patrimonio autónomo, superior a 2 billones de pesos fue pasado al Ministerio de Hacienda y se encuentra cubriendo el déficit fiscal; o con las cotizaciones evadidas por el Estado para el régimen Subsidiado (Pari-Pasoo), por más de 2 billones de pesos. En resumen, si se aplicaran estos recursos al Sistema, no tendríamos crisis y por el contrario, cobertura de salud universal e integral para la población.

- Dejar a los trabajadores sin el pago de salarios y prestaciones hasta por 40 meses y además echarle la culpa de la crisis a las entidades u hospitales para que se vean obligados a acogerse a los procesos de reestructuración y liquidación, mostrándolos como la gran panacea, haciendo evaluaciones mentirosas de los mismos y consolidando otra gran fuente de corrupción y clientelismos mediante las mal llamadas cooperativas de trabajo asociado; baste mirar lo ocurrido con la cooperativa testaferro del lavado de activos de la “Gata”, en Magangué, Bolívar.

- Con lo anterior, una vez marchitada y quebrada la entidad se le entrega a los particulares de diversas formas, que pueden ser: Administración delegada, capitalización como sociedades mixtas hasta que el capital sea mayoritariamente privado, tercerización total de los servicios mediante operadores privados, liquidación y venta de los activos a particulares, entre otras.

En el mismo camino avanza lo que el Presidente de la República, luego de que se llegó al acuerdo para suscribir el TLC, denominó: “Creación de una gran zona franca hospitalaria”, lo que no es otra cosa que la apertura de un gran mercado para las transnacionales de la salud, mediante la liberación de la red de prestación de servicios y la pauperización total de los trabajadores y profesionales de la salud, a través de mecanismos de informatización de sus relaciones.

“Reestructuración” y derechos del trabajo.
Hasta la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, a través del ejercicio del Derecho de Libertad Sindical, habían logrado avances muy importantes en relación con la reivindicación de condiciones digna de trabajo y con la protección de sus derechos humanos laborales, aquellos que protege la legislación laboral y los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT y que constituyen parte esencial del Estado Social reivindicado por la Constitución Política de 1991.

Uno de los ejes de la política de “reestructuración” que el actual gobierno viene implementando en el sector de la salud ha sido la transformación de la nómina de los hospitales públicos, sustituyendo trabajadoras organizadas en sindicato y con contrato colectivo de trabajo, por trabajadoras vinculadas a través de un contrato de trabajo precario, como el que ofrecen las cooperativas, y sin derechos de libertad sindical.

La liquidación de hospitales públicos, implica el despido de los trabajadores oficiales que quedan en estas entidades y la liquidación definitiva de las organizaciones sindicales.

Con la liquidación de las ESE se entregan los hospitales y demás recursos a otras entidades y estas son militarizadas para impedir la entrada de los trabajadores, mujeres y hombres cabeza de familia y trabajadores en situación de prejubilación, que no fueron despedidos porque el “retén social” se lo impedía.

De esta manera, el estatuto laboral desarrollado fundamentalmente en el sector público a través de la negociación colectiva, pero que por reflejo afectaba positivamente también a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, se está erosionando paulatinamente a medida que la “reestructuración” avanza, los trabajadores y trabajadoras son desvinculadas por decreto, y las clínicas y hospitales donde trabajaban son entregadas a otras entidades cuyos trabajadores son vinculados principalmente a través de cooperativas, violando de paso la propia ley que recientemente se expidió sobre estas para bajar la presión del partido Demócrata de Estados Unidos en relación con el TLC.

Para terminar, es hora de que la sociedad colombiana y tuquerreña, defina si sostener los privilegios de los dueños del negocio es el camino que prefiere seguir. O si, por el contrario, examina seriamente el modelo actual para construir verdaderas opciones que pongan la salud de las personas por encima del negocio del aseguramiento y de la prestación de servicios. No se trata de sostener crisis institucionales eternamente. Se trata de retomar el predominio público de la garantía del derecho a la salud, con reorganizaciones institucionales que permitan hacer realidad el derecho, evitando que los agentes de la salud continúen su orientación mercantil, por encima de la salud de la población.

El Polo Democrático Alternativo, cuya bancada en el Concejo Municipal ha defendido una reforma substancial al modelo de salud y seguridad social y se ha opuesto a la liquidación del hospital San José de Túquerres, hace público una vez más su rechazo al proceso de privatización y mercantilización de la salud y denuncia la reforma a la Ley 100 por cuanto “ratifica el vulgar negocio en que el neoliberalismo convirtió la salud, a pesar de haberse comprobado que esa concepción aumenta la enfermedad y la muerte en el país”. El llamado es a la construcción de un nuevo consenso social del que emerja la voluntad política para defender la seguridad social de carácter público.